ATESTIGUA LA CODHEM DISCULPA INSTITUCIONAL ORDENADA AL AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN POR UN CASO DE FEMINICIDIO
• A pesar de las medidas de protección a favor de una mujer adulta mayor víctima de violencia, hubo un actuar negligente y no protegieron su integridad, seguridad personal ni su vida.
• Las autoridades responsables deben ofrecer a los deudos una disculpa por escrito y el personal debe reforzar sus conocimientos en materia de derechos humanos.
Chimalhuacán, Estado de México, 16 octubre de 2023.- El jefe de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos, Salvador Valle Santana y el visitador General Sede Nezahualcóyotl, Gregorio Duarte Olivares, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), atestiguaron una disculpa institucional ofrecida a familiares de una víctima de feminicidio, por parte de autoridades municipales de Chimalhuacán, derivada de una recomendación emitida a ese Ayuntamiento por el Organismo Defensor.
La disculpa institucional la encabezó la Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez y el director de Seguridad Pública municipal, Salvador Hernández Torres.
La CODHEM recomendó la disculpa por el feminicidio de una mujer adulta mayor en febrero del 2022, aún cuando en su favor se habían emitido medidas cautelares por ser víctima de violencia intrafamiliar.
Derivado de la investigación iniciada por el Organismo Defensor a raíz del feminicidio, se determinó que las autoridades municipales no protegieron la integridad, la seguridad personal y la vida de la víctima, al no atender este caso con perspectiva de género, ya que era una persona adulta mayor y víctima de violencia en un municipio con alerta de género.
La CODHEM determinó la falta de una actuación con rapidez y eficacia ante la urgencia que la situación imponía.
En los puntos recomendatorios, la Casa de la Dignidad y las Libertades solicitó además dar vista a la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Chimalhuacán para que en el ámbito de su competencia resuelva la probable responsabilidad penal y/o administrativa en la que pudieron haber incurrido las personas servidoras públicas involucradas.
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